*La información contenida en este artículo no representa posiciones políticas u opiniones de Sigalei. Este texto tiene fines académicos y busca revelar nuevos talentos entre los estudiantes de Relaciones Internacionales de la ESPM.
El Proyecto de Ley nº 2630/2020, conocido como “Ley de Fake News”, propone la creación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. Su principal objetivo es regular el funcionamiento de las plataformas digitales en Brasil, estableciendo medidas que promuevan la transparencia y la responsabilidad en el combate a la desinformación. El proyecto fue presentado por el Senador Alessandro Vieira, representante del estado de Sergipe y actualmente afiliado al Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El historial partidario del autor incluye períodos en la Red Sostenibilidad (REDE) (2016–2018), Ciudadanía (2018–2022) y PSDB (2022–2023), uniéndose al MDB en 2023.
Las motivaciones para la creación del proyecto incluyen la necesidad de combatir la desinformación mediante mecanismos que reduzcan la propagación de noticias falsas, las cuales pueden influir negativamente en la sociedad. Además, el proyecto busca promover la transparencia en las plataformas digitales, exigiendo medidas claras sobre los contenidos compartidos y patrocinados. Por último, el PL 2630/20 también tiene como objetivo definir las responsabilidades de los proveedores de servicios digitales en el control y monitoreo de contenidos perjudiciales.
Stakeholders
- Parlamentarios
El debate sobre el PL 2630/2020 reveló una fuerte división en el escenario político brasileño. Por un lado, parlamentarios progresistas, como el senador Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE), autor del proyecto, y el diputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator en la Cámara, han defendido el proyecto como esencial para combatir la desinformación y regular la responsabilidad de las plataformas digitales. Ambos creen que el proyecto contribuye a proteger los procesos democráticos y garantizar una mayor transparencia en el entorno digital. Por otro lado, parlamentarios conservadores, como Bibo Nunes (PL-RS), se posicionan en contra del proyecto, argumentando que puede abrir margen para la censura y amenazar la libertad de expresión. Esta oposición refleja el alineamiento ideológico de partidos como el PL, PSL y Republicanos, que frecuentemente cuestionan regulaciones que puedan limitar la libertad individual o impactar los negocios digitales.
La influencia de los parlamentarios sobre el PL 2630/2020 también está ligada a su actuación en comisiones estratégicas. Parlamentarios como Altineu Côrtes (PL-RJ) y Capitão Alden (PL-BA) han utilizado su posición en comisiones como la de Seguridad Pública y la de Constitución y Justicia para frenar o retrasar el avance del proyecto. Mientras tanto, miembros
de partidos progresistas, como Reginete Bispo (PT-RS), articulan apoyo entre sus bancadas, alineados con las directrices de sus partidos, que ven el proyecto como una medida crucial para la defensa de la democracia.
- Empresas de Tecnología (Big Techs)
Las grandes empresas de tecnología, conocidas como Big Techs, han sido los principales opositores del PL 2630/2020. Empresas como Google, Meta (Facebook e Instagram), Telegram y Twitter argumentan que el proyecto puede generar altos costos operativos debido a la necesidad de una mayor moderación de contenido y monitoreo de sus plataformas. Además, destacan el riesgo de que las regulaciones excesivas perjudiquen la libertad de expresión y la innovación tecnológica. Algunas de estas empresas han promovido campañas publicitarias contra el proyecto, advirtiendo sobre los impactos en la economía digital y en los usuarios.
- Organizaciones de Prensa
La prensa tradicional ha sido una de las voces más fuertes a favor del PL 2630/2020. Entidades como la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) destacan que la desinformación en las plataformas digitales afecta directamente la credibilidad y la sostenibilidad del periodismo profesional. El apoyo de estas organizaciones se fundamenta en la idea de que el proyecto es necesario para crear un entorno competitivo más justo, en el cual el periodismo serio no se vea perjudicado por contenidos falsos o manipuladores amplificados por las redes sociales.
Además, Abraji (Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación) ha defendido el proyecto como esencial para proteger a periodistas y al público de campañas de desinformación que impactan el debate público. Estas organizaciones han participado activamente en audiencias públicas y contribuido con estudios que refuerzan la urgencia de una regulación en Brasil.
- Otras Entidades de la Sociedad Civil
La sociedad civil organizada desempeña un papel central en la promoción del PL 2630/2020. Grupos como la Coalición Derechos en la Red, que reúne a diversas ONG, y la Sala de Articulación contra la Desinformación (SAD), formada por más de 100 organizaciones, son
defensores del proyecto. Argumentan que la regulación de las plataformas digitales es fundamental para garantizar un entorno digital más seguro y transparente. Además, entidades como el Instituto Alana llaman la atención sobre los impactos de la desinformación en niños y adolescentes, destacando la importancia de proteger a estos grupos vulnerables.
Por otro lado, algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS), adoptan una postura crítica ante el proyecto. Aunque reconocen la necesidad de regulación, advierten del riesgo de que el texto actual pueda interpretarse de forma desproporcionada, llevando a la censura o a un control excesivo sobre los contenidos.
- Opinión Pública
El público brasileño se encuentra dividido con respecto al PL 2630/2020. Por un lado, existe un fuerte apoyo de grupos movilizados que ven el proyecto como esencial para combatir las fake news y proteger la integridad de las elecciones y de la democracia. En contraste, existe una resistencia significativa de sectores conservadores y defensores de la libertad digital, que temen que el proyecto pueda limitar la libertad de expresión y la autonomía individual en las redes sociales. Esta división refleja la complejidad del tema y la necesidad de una articulación política que equilibre los diferentes intereses.
Análisis de Tramitación:
Fuente: Elaboración propia basada en información de Sigalei y la Cámara de Diputados, 2024.
El Proyecto de Ley nº 2630/2020 inició su tramitación en el Senado Federal, donde fue presentado el 13 de mayo de 2020 y analizado en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) bajo la relatoría del Senador Ângelo Coronel (PSD-BA). Tras debates sobre transparencia, responsabilidad de las plataformas digitales y libertad de expresión, el proyecto fue aprobado en el Pleno del Senado el 30 de junio de 2020, con 44 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados el 3 de julio de 2020, donde comenzó a ser analizado en diversas comisiones y en el Pleno.
En la Cámara, la tramitación tuvo un análisis inicial por la Comisión de Comunicación (CCOM), donde se debatieron cuestiones relacionadas con la responsabilidad de las plataformas digitales, mecanismos de moderación de contenido y transparencia. A continuación, el proyecto avanzó a la Comisión de Finanzas y Tributación (CFT), bajo la presidencia del Diputado Júlio César (PSD-PI) y relatoría de Felipe Rigoni (PSB-ES); se discutieron los costos e impactos financieros de las medidas propuestas, así como posibles cargas para las plataformas digitales y el gobierno.
Posteriormente, el proyecto fue sometido al análisis de la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC), presidida por la Diputada Bia Kicis (PSL-DF) y relatada por el Diputado Fábio Trad (PSD-MS). En esta comisión, el principal objetivo fue evaluar la
compatibilidad del proyecto con la Constitución Federal, con especial atención a la protección de la libertad de expresión y al análisis de posibles riesgos de censura. La CCJC trabajó para garantizar que el texto final estuviera alineado con los derechos fundamentales previstos en la legislación brasileña.
En 2021, se creó el Grupo de Trabajo (GT) para abordar el PL 2630/2020, debido a la complejidad y relevancia del tema. Con la coordinación del Diputado Orlando Silva (PCdoB-SP), el GT tenía como objetivo profundizar el debate mediante la promoción de audiencias públicas y, de esta manera, integrar la perspectiva de diferentes stakeholders en la discusión. Durante sus actividades, el grupo realizó 15 audiencias públicas y consultó a más de 150 expertos, incluyendo representantes de empresas de tecnología, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Las discusiones se centraron en temas como la transparencia de los algoritmos, la relación entre libertad de expresión y moderación de contenido, y la responsabilidad de las plataformas digitales en el combate a la desinformación.
Como resultado, el informe elaborado por el GT proporcionó las bases para el texto sustitutivo presentado posteriormente por el relator.
El sustitutivo fue presentado en abril de 2023, consolidando las contribuciones del GT y proponiendo ajustes al texto original del proyecto. El Diputado Orlando Silva, relator general del PL, elaboró consideraciones y textos sustitutivos con el objetivo de mejorar la propuesta y buscar consenso entre los parlamentarios. El 25 de abril de 2023, se aprobó el Régimen de Urgencia, dispensando la tramitación final en las comisiones restantes, como la Comisión de Finanzas y Tributación (CFT) y la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC). La aprobación del Régimen de Urgencia priorizó el envío del proyecto directamente a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados.
Actualmente, el proyecto se encuentra en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde espera votación. Sin embargo, a pesar de los avances, el proyecto enfrenta la resistencia de algunos grupos políticos y empresas de tecnología, que plantean preocupaciones sobre los costos operativos y las posibles limitaciones a la libertad de expresión.
Análisis de la “Temperatura de la Proposición”
Fuente: Sigalei, 2024. Consultado el 20 de noviembre de 2024
La “Temperatura de la Proposición” del PL 2630/2020, presentada por la plataforma Sigalei, demuestra que el proyecto presenta una temperatura de 0%, indicando que no registró movimientos significativos en los últimos 90 días en comparación con otras proposiciones legislativas del mismo tipo. Este índice refleja que, incluso después de la aprobación del régimen de urgencia en abril de 2023, no hubo avances sustanciales en el progreso del proyecto. Esta falta de progreso sugiere que cuestiones como la ausencia de una articulación política eficiente o la priorización de otros temas en el Legislativo pueden estar contribuyendo al estancamiento del proyecto. Por lo tanto, el PL 2630/2020 enfrenta dificultades para garantizar su tramitación efectiva, a pesar de ser un tema de gran relevancia para la regulación del entorno digital en Brasil.
Análisis del Gráfico de Velocidad
Fuente: Sigalei, 2024. Consultado el 20 de noviembre de 2024
El gráfico presentado evidencia una aceleración inicial significativa en la tramitación del PL 2630/2020 en 2020, especialmente tras su aprobación en el Senado. Sin embargo, entre 2021 y 2022, la velocidad de tramitación cayó drásticamente, reflejando la fase de profundización de las discusiones técnicas con la creación del Grupo de Trabajo (GT) y la realización de audiencias públicas. Durante este período, los debates se centraron en ajustes al texto y consultas a diversos stakeholders, lo que redujo el ritmo de los movimientos legislativos.
En 2023, hubo una expectativa de retomar la velocidad de la tramitación tras la presentación del texto sustitutivo por el relator y la aprobación del régimen de urgencia en abril. Sin embargo, los datos demuestran que no ocurrieron avances concretos en el envío para votación en el Pleno, indicando un estancamiento persistente del proyecto, incluso con el esfuerzo para acelerar su evaluación.
Escenario para el Avance del PL 2630/20
El avance del PL 2630/2020 enfrenta desafíos significativos, como la polarización política y las resistencias de grupos parlamentarios que temen riesgos de censura y limitaciones a la libertad de expresión, además de suscitar preocupaciones sobre el uso de la ley para restringir opiniones divergentes o críticas al gobierno. La falta de consenso entre los líderes partidarios agrava estas dificultades, obstaculizando la articulación necesaria para llevar el proyecto a votación en el Pleno. Otro obstáculo relevante es la oposición de las empresas de tecnología, como Facebook y Google, que destacan los altos costos operativos y los posibles impactos negativos sobre sus modelos de negocio basados en publicidad y algoritmos. Además, la priorización de agendas legislativas como la reforma tributaria, el presupuesto y la seguridad pública limita el espacio para la discusión del proyecto.
Por otro lado, la presión de la sociedad civil, representada por organizaciones como Abraji y la Coalición Derechos en la Red, refuerza la necesidad de regular las plataformas digitales para combatir la desinformación y proteger la democracia. Académicos y periodistas también han contribuido con análisis que destacan la importancia de una regulación equilibrada, transparente y proporcional. El contexto electoral, marcado por el aumento de los daños causados por la desinformación, como ataques a la integridad electoral y manipulación de debates públicos, puede impulsar a los parlamentarios a priorizar el proyecto.
Además, algunas empresas de tecnología se han involucrado en las discusiones, sugiriendo cambios para hacer el proyecto más viable y minimizando posibles impactos en
sus negocios. Parlamentarios alineados con el tema, como el Diputado Orlando Silva (PCdoB-SP) y el Senador Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE), permanecen al frente de los esfuerzos para viabilizar la aprobación del PL 2630/2020, resaltando su importancia para la creación de un entorno digital más seguro, transparente y comprometido con la protección de los derechos fundamentales y la integridad democrática en Brasil.
Conclusión
El PL 2630/2020 refleja un intento sólido de establecer una estructura regulatoria que combata la desinformación y promueva una mayor transparencia en el entorno digital brasileño. A pesar de avances significativos en su tramitación, como la aprobación en el Senado, la creación del Grupo de Trabajo y la presentación de un texto sustitutivo en la Cámara, el proyecto enfrenta actualmente un panorama de estancamiento. El análisis de la temperatura y la velocidad de tramitación evidencia la pérdida de fuerza política, incluso después de la aprobación del régimen de urgencia, destacando la necesidad de una mayor articulación entre los parlamentarios y de una presión constante por parte de la sociedad civil.
Cada comisión de la Cámara desempeñó un papel crucial en la construcción de un texto más equilibrado y completo. La CCTCI lideró discusiones técnicas, mientras que la CFT y la CCJC evaluaron los impactos financieros y garantizaron la constitucionalidad del proyecto, respectivamente. El Grupo de Trabajo contribuyó con la inclusión de perspectivas diversas, integrando aportaciones de especialistas, empresas y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo la base técnica del proyecto.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los desafíos persisten. La polarización política, la resistencia de las empresas de tecnología y la prioridad de otras agendas en el Legislativo han dificultado el avance del proyecto. Por otro lado, factores como la presión de la sociedad civil, el agravamiento de los daños causados por la desinformación en el contexto electoral y la participación activa de los stakeholders demuestran que el proyecto aún posee una relevancia significativa para Brasil.
Concluir el proceso de tramitación del PL 2630/2020 es esencial para crear una regulación digital que proteja la integridad democrática y combata la difusión de Fake News. Aunque la trayectoria hasta aquí ha estado marcada por desafíos, los avances en las comisiones y las discusiones realizadas indican que hay una base sólida para viabilizar su aprobación. El futuro del proyecto dependerá de la capacidad de articulación política y del
compromiso social para superar las barreras existentes y garantizar la construcción de un entorno digital más responsable y transparente.
