En esta nueva serie de artículos, Andréa Gozetto* detalla el debate en torno a la regulación del lobby en Brasil.
Este debate ha ganado relevancia, ya que el 10 de diciembre de 2021, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo un proyecto de ley que tiene como objetivo regular la actividad de lobby en Brasil y que recibió el número 4391/21[1]. Inicialmente anexado al PL 1202/07[2], el 29 de marzo de 2022, fue separado y distribuido a las Comisiones de Trabajo, Administración y Servicio Público (CTASP) y Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC). Con ello, está sujeto a apreciación conclusiva. El 13 de abril de 2022 fue recibido por la CTASP, y el 3 de mayo de 2022 fue designado como ponente el Dip. Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE). Demostrando la fuerte articulación política en curso, el 27 de abril de 2022, el Diputado Fayette de Andrada, Vice-líder de los Republicanos, presentó la solicitud n. 630/2022[3] solicitando que el PL 4391/21 fuera apreciado de forma urgente.
Estos movimientos no son triviales, teniendo en cuenta que es la primera vez que el Poder Ejecutivo federal demuestra apoyar una propuesta legislativa con el objetivo de regular el lobby en Brasil.
Un dato importante obtenido a través de Sigalei, plataforma de tecnología para Relaciones Institucionales y Gubernamentales, es la Temperatura del Proyecto de Ley. Este indicador informa si el PL se encuentra con un debate más o menos acalorado en el Congreso Nacional. La temperatura se calcula a partir de las tramitaciones del Proyecto de Ley en comparación con otras proposiciones del mismo tipo de la misma casa que se tramitaron en los últimos 90 días.
Actualmente, el PL 4391/2021, que se encuentra en la agenda prioritaria del Gobierno Federal para 2022, está con temperatura de 8.6 (alta), luego de la solicitud de urgencia presentada y la definición del ponente de la proposición.
Es importante señalar que el Decreto 10.889/21 que implementa el Sistema Electrónico de Agendas del Poder Ejecutivo Federal (E-Agendas) tiene su aplicabilidad ante agentes privados establecida por el PL 4391/21.
Esto significa que el E-Agendas – que debería estar en pleno funcionamiento en octubre de 2022 –, perderá su eficacia, si el PL 4391/21 no es aprobado hasta entonces. Ese es el motivo de la urgencia y la alta temperatura.
Desde el punto de vista del proceso democrático hay que tener cuidado, pues donde hay urgencia, puede haber el riesgo de desconsiderar intereses relevantes y legítimos.
Solo hay un consenso sobre la regulación del lobby: ¡es un gran desafío! En el centro de este desafío está la dificultad en conjugar el fomento a la transparencia, el fortalecimiento de las contribuciones positivas del lobby y mecanismos que proporcionen la disminución de la asimetría informativa entre los grupos de interés.
El objetivo de esta serie de artículos es traer subsidios para profundizar en este debate, que debe ser abierto, amplio e irrestricto. Para lograrlo, utilizo la lógica argumentativa que Wagner Pralon Mancuso y yo presentamos previamente en el capítulo 7 del libro Lobby y Políticas Públicas, publicado en 2018. Allí, discutimos este desafío a partir de una serie de preguntas importantes, entre ellas: (i) definición del lobby y su rol de actividades; (ii) alcance y cobertura de la norma en cuanto a su aplicabilidad para agentes públicos y privados; (iii) publicidad de las informaciones y responsabilidades en cuanto a la implementación y fiscalización de la norma; (iv) sanciones y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y cuarentena. Aquí, aplico esta lógica al análisis del PL 4391/21.
¡Hasta la próxima!
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Referencias
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*Andréa Gozetto es la Directora Ejecutiva de Gozetto & Associados y creadora del hub Conexão RIG. Desde 2015 se ha dedicado a apoyar a las áreas de RIG para mejorar su gestión estratégica y basar sus acciones de incidencia política en evidencias científicas. Es la creadora del MBA en “Economía y Gestión– Relaciones Gubernamentales” y del curso corto “Advocacy y Políticas Públicas: Teoría y Práctica” de FGV/IDE, actuando como coordinadora académica en São Paulo. Posee un Posdoctorado en Administración Pública y Gobierno (FGV/EAESP), un Doctorado en Ciencias Sociales (UNICAMP), una Maestría en Sociología Política (Unesp-Araraquara) y una Licenciatura en Ciencias Sociales (UFSCar). Actúa como mentora de carrera en RIG, orientando y asesorando a profesionales para potencializar sus resultados.
