Imaginemos que la solución que el grupo de interés que usted representa fue elegida como la mejor alternativa para abordar el problema público en debate.

Una vez finalizada la fase de toma de decisiones, todos respiran aliviados y empiezan a celebrar la victoria, ¿verdad?

Bueno, lamentablemente, no es tan así.... 

Aún quedan fases importantes por seguir, como por ejemplo la implementación y la ejecución de la política pública. Estas fases son esenciales para dar vida a la política pública y se complementan entre sí. 

La implementación se refiere a la planificación y a la organización del aparato administrativo y de los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos), es decir, consiste en la preparación para que la política pública pueda ser puesta en práctica por el Poder Ejecutivo en el ámbito municipal, estatal o federal. 

Por su parte, la ejecución se refiere al conjunto de acciones destinado a alcanzar los objetivos establecidos por la política. Significa la puesta en práctica de la política, es decir, su realización efectiva. 

Algunas políticas necesitan ser reguladas por el poder ejecutivo en forma de ley o decreto. En este proceso, la política pública que fue cuidadosamente articulada por los grupos de interés puede ser alterada y estos cambios pueden hacer inviable el logro de los objetivos previstos.

Para evitar que ocurran cambios perjudiciales, es necesario monitorear de cerca todo este proceso y, sobre todo, hacer lobby.

El contacto directo con los tomadores de decisiones es fundamental, no solo para recordarles los objetivos de la política pública y garantizar así que los instrumentos diseñados por la legislación puedan ser debidamente puestos en práctica, sino también para mapear intereses que puedan surgir o ser remodelados tras el proceso de toma de decisiones.

En resumen, cuando se trata de influir en el ciclo de las políticas públicas, el juego solo termina cuando termina. 

Incluso porque hay un movimiento en curso protagonizado por el Poder Judicial, a partir de la promulgación de la Constitución de 1988, que transfiere parte del poder político a los tribunales. Tal movimiento, conocido como “Judicialización de la política y control judicial de las políticas públicas”, es una realidad y necesita ser comprendido a fondo por todos aquellos que deseen emprender acciones de defensa de intereses y causas. 

En verdad, debido a la posibilidad de revisión judicial, este juego nunca termina....

Es preciso estar vigilante, teniendo en cuenta que las acciones de Relaciones Institucionales y Gubernamentales son a largo plazo.

¡Hasta la próxima!