Aunque es antiguo, el acrónimo ESG (Environmental, Social and Governance) o, en portugués, ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) ganó protagonismo principalmente a partir de 2020, es decir, con el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, y se refiere a la incorporación de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza tanto por parte de empresas como del Gobierno. En otras palabras, ESG en su esencia es la forma de analizar cuánto se busca minimizar los daños ambientales, generar beneficios sociales y optimizar los procesos administrativos.
Se refiere al medio ambiente, son acciones relacionadas a la preservación y solución a los impactos en el medio ambiente. Esfuerzos pertinentes al cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, etc.
Con relación a lo social, son medidas que tocan a las personas y a la sociedad. Puede abarcar la reducción de las desigualdades, protección de datos, promoción de los derechos humanos, etc.
En el ámbito de la gobernanza, se refiere a la gestión y administración de la organización, respecto a buenas prácticas y ética laboral, defensoría del pueblo, procesos anticorrupción, etc.
¿Qué impulsa las inversiones ESG?
La década actual resulta decisiva para la ciencia a la hora de abordar el cambio climático, según Bill Gates en su libro "¿Cómo evitar un desastre climático?". Para evitar un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura promedio de la tierra es necesario reducir a cero un total de 51 millones de toneladas de gases nocivos para el mundo emitidos a la atmósfera. Los acuerdos establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de 2021 y los objetivos del Acuerdo de París exigen que se logren acciones y soluciones, y demandan una transición urgente hacia una economía baja en carbono; por lo tanto, se espera que las prácticas ESG motiven innovaciones y soluciones apegadas a un futuro sostenible.
Los impactos causados por la Pandemia
La pandemia intensificó la necesidad e importancia de la Agenda 2030, dado que apalancó y reveló la verdadera realidad de la desigualdad. Ante lo expuesto, existe un movimiento que defiende la necesidad de acciones coordinadas entre el Sector Público y el Sector Privado para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Paralelamente, para 2030 el poder financiero pasará a una nueva generación, en la cual las personas poseen valores y principios más relacionados al desarrollo sostenible y a la diversidad, esta transición de generaciones influencia en la cultura administrativa de las empresas y del sector público directamente, así como también los nuevos patrones de consumo exigen un cambio de comportamiento.
La regulación con prácticas ESG
También contribuye a las prácticas ESG la intensificación de las regulaciones, principalmente relacionadas con el uso de recursos naturales y emisiones de gases. La Comisión Europea adoptó un paquete de medidas dirigidas a mejorar el flujo de fondos para actividades sostenibles en toda la Unión Europea, con el objetivo de contener el cambio climático en el continente, además de un conjunto de legislaciones relativas a prácticas ESG que entraron en vigor en 2021, el Reino Unido es otro ejemplo que recientemente estuvo volcando esfuerzos a la creación de parámetros para calcular resultados ESG.
El tema en el escenario legislativo brasileño
En el ámbito legislativo brasileño, se tramita en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley del Senado Nº 338/2018, que dispone sobre el Contrato de Impacto Social como vía para la prestación de servicios públicos a través de un acuerdo de voluntades en el que una entidad pública o privada, con o sin fines de lucro, se compromete a alcanzar determinadas metas de interés social. La nueva Ley de Licitaciones, ley 14.133 agrega al proceso de contratación pública algunas verticales de la temática ESG, de esta manera el desarrollo sostenible pasó a ser un principio de las licitaciones públicas, criterios como la reducción de CO2, destino adecuado de los residuos y disposición final de los rechazos de forma ambientalmente correcta, destacando la Política Nacional de Residuos Sólidos que prevé la prevención y la reducción en la generación de residuos e instituye la responsabilidad compartida de los generadores de residuos, destinándolos correctamente. Otros criterios: adquisición de productos que causen pocos impactos ambientales; optimización de costos desde el punto de vista energético; creación de empleos, desarrollo de la economía local, creación y distribución de la riqueza; estímulo de la competencia a través de innovaciones tecnológicas sostenibles.
Finalmente, cabe ejemplificar ESG a través de construcciones, como es el caso del Estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirão. El estadio cuenta con una planta solar fotovoltaica, y tiene una capacidad de generación de 1.800 MWH/año de energía, un volumen equivalente al consumo medio de 1.400 viviendas, la reutilización de residuos en días de partido y eventos se realiza en alianza con la Asociación de Recolectores de Papel, Cartón y Materiales Reutilizables de Belo Horizonte (Asmare), generando así empleos y preservando la naturaleza, además del reaprovechamiento del agua de lluvia, la replantación de árboles y el uso de la explanada para fines recreativos.
ESG y los Stakeholders en las Relaciones Institucionales y Gubernamentales
El Foro Económico Mundial de 2021 evidenció la creciente preocupación de los inversores por los stakeholders, es decir, por las partes interesadas en sus negocios. El acrónimo ESG gana visibilidad en este contexto en la medida en que evidencia instituciones que no solamente buscan retornos financieros, sino que también generan valor para la sociedad y contribuyen con el medio ambiente. En ese sentido, se ha multiplicado el número de empresas que adhieren a compromisos con pautas sustentables, con la valoración de sus colaboradores y con mejoras en los procesos y prácticas internas, con la adopción de comités de gobernanza corporativa, por ejemplo.
Sin embargo, a pesar de haber surgido en un ambiente mayoritariamente comercial, las prácticas comprendidas por ESG poseen usabilidad en el sector público.
Especialmente a través de sus agendas regulatorias, los gobiernos pueden incentivar la adopción de prácticas ESG por parte de empresas e instituciones. Además, gobiernos de diversas esferas ya poseen oficinas dedicadas a atraer inversiones y fomentar la pauta ESG por medio de la integración entre empresas, inversores y gobierno, con la utilización de planes de acción compuestos por metas sustentables.
El propio gobierno federal comienza a moverse en el sentido de incorporar la pauta ESG a sus acciones. El Ministerio de Desarrollo Regional (MDR), por ejemplo, lanzó la iniciativa Estrategia Inversión Verde. La iniciativa, inspirada en ejemplos europeos, busca proporcionar a los gobiernos locales una serie de indicadores para el seguimiento de metas ambientales establecidas en contratos de servicios diversos, como infraestructura, saneamiento y seguridad hídrica.
Otra iniciativa ligada a la agenda ESG y que debe recibir creciente atención del gobierno se refiere a los créditos de carbono. Por definición, un crédito de carbono es la representación de una tonelada de carbono que dejó de ser emitida a la atmósfera, generados, por ejemplo, a través de la sustitución de prácticas contaminantes por otras más sostenibles. El mercado de créditos de carbono funciona a partir de empresas que poseen emisiones altas de carbono y que no logran reducirlas. Para compensar tal contaminación, adquieren créditos generados a partir de proyectos de reducción de carbono.
Brasil, por todo su potencial ambiental, puede ser una de las grandes apuestas de este mercado. Por naturaleza, el país genera créditos de carbono de forma continua y amplia, posibilitando que sean adquiridos por empresas que buscan cumplir la agenda ESG y neutralizar sus emisiones de carbono. Joaquim Leite, Ministro del Medio Ambiente, estima que el país puede beneficiarse con cerca de US$ 10 mil millones en créditos de carbono, aproximadamente una quinta parte de todo el recurso generado en tal mercado.
Prácticas Gubernamentales
Las prácticas de gobernanza, a su vez, han avanzado más rápidamente en el sector público. Iniciativas ligadas a la implementación de programas y comités de integridad y compliance han ganado destaque. En Minas Gerais, por ejemplo, por medio del Decreto Estatal nº 47.185, de 2017, fue instituido el Plan Mineiro de Promoción de la Integridad – PMPI. En sinergia con el Plan, la Contraloría General del Estado viene desarrollando una serie de acciones con el objetivo de fortalecer las prácticas de gobernanza e integridad en el estado de Minas Gerais.
Además, la implementación de nuevas tecnologías en las rutinas de la administración pública poseen un papel fundamental en la gobernanza de las instituciones. Ese es el caso del blockchain. La tecnología, definida por la International Business Machines Corporation (IBM) como un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y el rastreo de activos en una red empresarial, tiene el objetivo de promover mayor integridad y seguridad al proceso de transacciones, además de tener la capacidad de reducir la burocracia y los costos, además de proporcionar ganancias de eficiencia en los procesos. Evidenciando la tendencia, en 2021, el gobierno federal oficializó el uso de blockchain en el Portal Único de Comercio Exterior (Siscomex) y en la certificación de documentos.
De esta forma, queda explícito que la modernización de la gestión pública a través de la adopción de prácticas ESG y de una mirada atenta a las pautas sustentables, que estén en sintonía con la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se refleja en ganancias diversas para el país, para la sociedad y, principalmente, para el medio ambiente. Sin embargo, el Estado aún camina a pasos lentos rumbo a la consolidación del acrónimo, y es importante recurrir a más modelos y herramientas que potencialicen la evaluación, elaboración e implementación. Por lo tanto, la Gestión Pública no puede limitarse a los marcos regulatorios en lo que abarca el tema, sino buscar aplicar el acrónimo en la gestión del Estado y en el ecosistema del sector público. El acrónimo ESG o ASG aún se desarrolla tanto en el Gobierno como en las empresas, por más que aún existan cuestiones inciertas sobre él, es cierto que las prácticas sostenibles, sociales y una administración más receptiva llegaron para quedarse.
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Este artículo fue escrito en colaboración con Equalitas UFMG Jr, Consultoría Júnior de la carrera de Gestión Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais. Conozca más sobre Equalitas haciendo clic aquí
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REFERENCIAS
[1] https://www.sharpepritchard.co.uk/latest-news/esg-and-its-relevance-to-the-public-sector/
[2] https://home.kpmg/au/en/home/insights/2021/08/future-of-local-government-esg-initiatives.html
[4] https://www.insper.edu.br/noticias/esgtechs-criam-solucoes-para-as-novas-demandas-da-sociedade/
[5] https://exame.com/esg/taxonomia-esg/
[6] https://www.investe.sp.gov.br/noticia/esg-no-governo-e-na-gestao-publica/
[7] https://www.istoedinheiro.com.br/esg-chega-as-concessoes-publicas/
