¿Cómo ocurre la participación y representación de intereses dentro de los procesos democráticos?
La democracia es el régimen político en el cual existe el ejercicio del poder del pueblo en la política. Es la herramienta más importante en un sistema en que la población elige a sus representantes por medio del voto, que representa su libertad y sus derechos civiles y políticos.
En una democracia, los principios fundamentales deben ser respetados, como: libertad de expresión, religiosa, cultural, social, de prensa, entre otras. Con esto, es esencial que la sociedad esté comprometida con la política institucional y con las formas de participación y representación de sus intereses individuales y/o colectivos, ejerciendo su ciudadanía.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 establece que “Los justos poderes de los gobiernos derivan del consentimiento de los gobernados” y este fragmento es uno de los delineadores de los pilares de la democracia participativa como la conocemos hoy. Esta misma cita fue, más adelante, definida por el Presidente Abraham Lincoln como un “Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. En Brasil, la Constitución Federal de 1988 definió los rumbos de la democracia participativa e inspiró los principales instrumentos de participación que existen hoy. El sufragio universal, el mandato electivo, sumados a elementos más tradicionales como plebiscitos y referéndums, constituyen algunos de los institutos de garantía de la democracia participativa.
Dentro del Estado Democrático de Derecho, el Artículo 5º de la Constitución Federal asegura a los ciudadanos principios como el pluralismo político, la libertad de expresión y el derecho de petición, siendo estos la base de la legalidad de las formas de participación, incluyendo la defensa de intereses, discutidas a continuación. Correspondiendo a cualquier persona, física o jurídica, a partir de una acción individual o en grupo, el derecho de petición ilustra buena parte de lo que significa la participación en una democracia, pues se define como: “el derecho de cualquier persona de invocar la atención de los poderes públicos sobre una cuestión o una situación”, ejemplificando muy bien algunas de las acciones que la sociedad civil puede ejercer participando e influyendo en la política.
Para estimular la participación, es importante promover el acesso a los datos que llevan al conocimiento sobre lo que sucede en el escenario político y en la administración pública para que la sociedad sepa lo que está en debate y las decisiones tomadas. Por eso, es relevante acompañar el proceso Legislativo, los actos del Ejecutivo, la elaboración y ejecución del presupuesto público, para que, de esa forma, el ciudadano, la comunidad, las empresas, las ONGs tengan conocimiento de qué forma logran contribuir con el poder público y tener sus demandas representadas. En este sentido, la Ley de Acceso a la Información (LAI), regida por la Ley Federal nº 12.527/2011, es un instrumento que reglamenta el derecho constitucional de acceso a informaciones públicas y corresponde a la Administración Pública asegurar la gestión transparente de la información y garantizar su disponibilidad, autenticidad e integridad.
Dicho esto, los portales de transparencia de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, que son sitios de libre acceso para que la sociedad encuentre información sobre la gestión, servidores y recursos públicos, ayudan a promover la transparencia y estimular el control social. Además, a través del Gobierno Abierto diversas acciones son planificadas con el fin de promover la transparencia, volviendo a los gobiernos más responsivos y participativos. Tiene algunos pilares, como: promoción de la transparencia; prevención de la corrupción; participación social y desarrollo de nuevas tecnologías.
El presupuesto participativo es otro mecanismo de participación democrática a través del cual la sociedad participa e influye en la distribución de recursos para la realización de obras y proyectos prioritarios y de mayor beneficio social, con enfoque en atender las necesidades de la población, mejorar la gestión pública y usar conscientemente los recursos públicos. Ocurre por medio de asambleas abiertas, etapas de negociación con el gobierno y la elaboración de una propuesta a ser enviada, generalmente, a los concejos municipales. Además, existen los consejos de políticas públicas que también son importantes para la formulación e implementación de políticas públicas, poseyendo cuatro funciones: movilizadora; fiscalizadora; deliberativa y consultiva.
Otras formas de participación popular son las audiencias públicas y las conferencias públicas. La audiencia pública es un lugar donde los representantes del poder público pueden exponer sus ideas y proyectos sobre la formulación de políticas públicas para debatir con la población, buscando realizar mejoras para impactar positivamente a la sociedad. Ya la conferencia pública, son espacios institucionalizados para la participación social, con reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo para discusiones entre gobierno y sociedad civil para la definición de metas y prioridades.
Otras formas de participación de la sociedad civil en la formulación y mejora de las políticas públicas brasileñas se da a través de grupos de presión, relaciones institucionales y gubernamentales, relaciones corporativas, relaciones públicas y de advocacy y lobbying, o a través de consultas públicas, como ya se citó. De este modo, la población comprometida se hace presente en el monitoreo y en la formulación de las políticas públicas, además de poder acompañar de manera cercana las elecciones, actitudes y votos de sus representantes parlamentarios.
Los grupos de interés que ejercen, de forma colectiva, influencia en la política brasileña, pueden ser también llamados grupos de presión, lobistas o profesionales de relaciones institucionales y gubernamentales. A través de una actuación técnica y transparente, estos grupos llevan a los tomadores de decisiones públicas información adicional sobre un tema específico y explican cómo la acción pública puede afectar a grupos económicos y sociales.
La democracia participativa y las movilizaciones de grupos de interés, además de mecanismos que permiten esa participación, estimulan la transparencia y mejora de las acciones políticas. De esa forma, las autoridades públicas que no poseen conocimiento profundo sobre todos los asuntos y temas sobre los cuales deben decidir y legislar, pueden contar con el apoyo de la sociedad para respaldar sus decisiones. En este caso, la influencia de los grupos que serán directamente afectados por las medidas debe ser una gran fuerza motriz de las decisiones públicas. Así, se amplía la seguridad y se fortalece la transparencia a las cuales este proceso está tan apegado para continuar ejerciendo su función social. Con el advenimiento y la popularidad de internet y de las redes sociales, se abre una posibilidad aún mayor para que la sociedad demuestre sus intereses, tenga mayor presencia en el espacio político y exija a sus representantes del ejecutivo y del legislativo. Es necesario que toda la población tenga conocimiento de estas posibilidades, además de monitorear la actuación de sus representantes y el uso de los recursos públicos.
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Este artículo fue escrito en colaboración con Equalitas UFMG Jr, Consultoría Junior del curso de Gestión Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais. Conozca más sobre Equalitas haciendo clic aquí
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