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Agro y políticas públicas
El desarrollo de la Economía Verde – una alternativa sostenible al modelo económico actual - se ha discutido durante décadas, pero en 2021 ganó aún mayor impulso. Especialmente en un mundo pospandemia, donde las cuestiones ambientales y sociales ganan peso en la recuperación de las economías, lo que sitúa a la agricultura como una de las protagonistas en este proceso. Lo cual es una buena noticia para Brasil, ya que el agronegocio brasileño viene desempeñando un papel fundamental en el crecimiento económico del país. Además de hacer que Brasil se convierta en uno de los principales exportadores mundiales en los últimos años, el PIB del agronegocio correspondió al 26,6% del PIB brasileño en 2020, según datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) en alianza con la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA).
Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes. Empezando por garantizar una producción cada vez más sostenible, inclusiva, productiva, consciente, tecnológica y capacitada. Bajo presión internacional por acciones efectivas por el medio ambiente, el Gobierno brasileño anunció una serie de medidas ambientales y afirmó el compromiso del país con un desarrollo económico más sostenible. De hecho, el gobierno viene trabajando en pro de la mejora del entorno empresarial, aprobando marcos regulatorios importantes para este nuevo momento, como el marco de las startups y los marcos regulatorios de infraestructura (cabotaje, sector eléctrico, logística, saneamiento, gas natural y petróleo) para avanzar en esa dirección.
Naturalmente, los inversores del agronegocio se preocupan por el impacto de sus inversiones en la sociedad y el medio ambiente, de ahí la importancia del mantenimiento de las buenas relaciones, tanto de la relación de los poderes públicos entre sí como con la iniciativa privada, configurando una mayor seguridad jurídica, lo cual es esencial para la atracción de inversiones. Es cierto que Brasil posee muchas características que lo convierten en un gran potencial para la economía verde, por ello, será necesaria por parte de los gobiernos una fuerte actuación en las agendas con la temática y, también, la modificación por parte de las empresas privadas hacia el desarrollo sostenible.
Plano Safra 2021/2022 y las inversiones del Gobierno brasileño en el sector
Para estimular el agronegocio en el país, en junio el Gobierno Federal divulgó el Plano Safra 2021/2022, que contiene as definiciones sobre los créditos rurales y las líneas de financiamiento con incentivo de la Unión para costeo e inversiones en el sector. El Plan actual tuvo un aumento del 6,3% respecto al anterior para calentar las prácticas de producción más verde, inclusiva y próspera, sin dejar de ser competitivo.
El gran destaque fueron los bonos verdes, de renta fija, que se utilizan para captar recursos para la implantación o refinanciamiento de proyectos y activos que tengan características positivas desde la perspectiva ambiental o climática y trajeron gran protagonismo a Brasil en este mercado. Esto se debe a que, según datos de Climate Bonds Initiative (CBI), el país es el mayor mercado de bonos verdes de América Latina, con una participación del 42% de las emisiones en los últimos cinco años. Esta es una coyuntura de grandes oportunidades para las organizaciones que pueden vincular sus objetivos y metas al desempeño socioambiental de sus actividades.
La emisión de los bonos es una alternativa para viabilizar iniciativas y tecnologías que posean impactos positivos socioambientales. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), esta nueva alternativa de financiamiento del agronegocio brasileño movió R$ 8,1 mil millones en la economía brasileña entre 2019 y 2021, a través de la promoción de prácticas y tecnologías sostenibles.
Además, el gobierno brasileño viene adoptando medidas que dejen el entorno empresarial menos burocrático y más atractivo, como la definición de criterios globales para agricultura y ganadería y la elaboración de un plan de inversión para la agropecuaria sostenible junto a CBI, y la promulgación de la Ley nº 13.896/20 (Ley del Agro), que mejora el entorno regulatorio para la concesión de crédito para negocios enfocados a la ganadería y agricultura. Estas soluciones tienen como objetivo ampliar este mercado y atraer a los inversores extranjeros.
En un escenario pospandémico donde – a medio plazo – es recomendable repensarlo todo, la recuperación económica debe más que nunca ir de la mano con la ambiental. El momento de reconstrucción sostenible es este. El agronegocio brasileño ya recorrió gran parte del camino y el país, como una de las mayores potencias agrícolas mundiales, puede asumir el liderazgo.
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